Si yo pregunto a una maestra de escuela en qué consiste la democracia que "nos hemos dado", responderá que en la capacidad del pueblo para elegir a sus gobernantes, pero no dirá nada de su vinculación con la ideología liberal. La realidad es que las primeras constituciones sólo consentían el sufragio condicionado a la seguridad de la victoria de la clase liberal, que era la que había impuesto por la violencia la constitución.

La primera constitución democrática es la de EEUU, promulgada en 1789, justo después de la Guerra de Independencia. En el texto, firmado por we, the people, del sufragio sólo se dice que será la forma de elegir a los representantes de cada estado, pero no se indica quién puede votar. Los estados del sur prohibieron votar a los negros, y las mujeres no pudieron votar hasta 1920.

Inmediatamente después, en Francia se promulga la Constitución de 1791, producto de la Revolución Francesa. A partir de ahí, sólo se permitió votar a los varones que pagasen impuestos directos por más de tres días de trabajo, tuviesen más de 25 años y residiesen desde más de un año antes en su comarca. Esto sumaba un 15% de la población total.

Entonces, lo que hizo el liberal, aparte de tomar el poder con las habituales palabras huecas y la manipulación de las masas, fue permitir votar sólo hasta donde quedaba asegurada su victoria y no más allá. Con el tiempo, andando las décadas, el control de los medios y los partidos permitió abrir más la mano sin soltar el poder.

Para entender la intrínseca deshonestidad de la democracia liberal, hay que leer el libro de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España, aunque Costa pensaba que el problema estaba en un implantación deficiente del modelo en España, y yo en este artículo voy a exponer mis dudas sobre la utilidad en general de un sistema político que ha ido siempre ligado al capitalismo.

Lo que dijo Montesquieu:

Se ha considerado a Montesquieu como el gran teórico de la democracia por haber definido los tres poderes del Estado y haber defendido su separación, un poco en la línea del modelo bicameral inglés. En realidad, lo que la gente considera democracia es el sufragio universal, al que Montesquieu no se refiere en ningún momento.

En el capítulo VI del libro XI de su obra El espíritu de las leyes, Montesquieu dice:

En cada estado, hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del estado. […] Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o senado hagan las leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido al segundo sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma de un agresor. En el estado en que un hombre solo o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.

Como se ve, Montesquieu no está pensando en poner los tres poderes en manos del pueblo, sólo recomienda esto en el caso del judicial, un poco más adelante en el capítulo.

Siempre me ha parecido absurda la teoría de Montesquieu. No entiendo cómo el poder ejecutivo o el judicial pueden frenar al legislativo. Sí que puede el judicial determinar que una ley en concreto es incompatible con las otras leyes ya en vigor, incluyendo una hipotética constitución, pero si el legislativo tiene una coherencia en su tiranía y despotismo, ninguno de los otros dos poderes lo va a poder frenar.

Tampoco entiendo en qué consiste el poder ejecutivo, más allá de ser un legislador de detalle o de situaciones transitorias. En la práctica, el legislativo es tan lento que es el ejecutivo el que lleva la iniciativa, produciendo verdaderas leyes mediante prerrogativas propias, que en España toman la forma de reales decretos o incluso decretos-ley (transformables posteriormente en leyes con una simple votación del Congreso). En EEUU, donde la separación entre legislativo y ejecutivo se ha intentado tomar más en serio, existen también las executive orders, que permiten al ejecutivo legislar.

La separación entre legislativo y ejecutivo no ha existido nunca, el ejecutivo es un legislativo de rango más bajo que sólo legisla en aquello en lo que todavía no se ha pronunciado el legislativo. Tener en estos dos poderes dos fuerzas contrapuestas haría más mal que bien, crearía incoherencia en el cuerpo legal y una situación de transitoriedad, porque todas las disposiciones del ejecutivo irían luego siendo derogadas por el legislativo cuando consiguiese legislar.

En España y en la mayor parte de países europeos lo que hay actualmente es mucho más simple: un señor elabora una lista con una serie de nombres que serán los que luego conformarán el legislativo y lo elegirán a él como líder del ejecutivo. También elaborará luego otra lista para el poder judicial, especialmente en cuanto a los jueces que lo podrán juzgar a él.

Además, Montesquieu deja fuera dos cosas que luego van a ser determinantes. La primera es la capacidad de los medios de comunicación, que son capital privado, para distorsionar la percepción e inducir al voto. La segunda es la capacidad de influencia directa del capital en las decisiones políticas.

El papel de los medios:

Desde que se implantó el sufragio en las primeras democracias liberales, se vio que los medios de comunicación tenían un inmenso poder y nadie hizo nada al respecto. Se les ha venido llamando "el cuarto poder", pero es un poder muy distinto de los otros tres, porque está en manos privadas y no da cuentas a nadie. Hay unos señores que son los accionistas y que controlan a quién contratan y para qué, pueden decidir completamente la llamada "línea editorial", que no es más que un sesgo informativo en función de sus intereses. Si esos intereses son meramente económicos, entonces buscarán una alta audiencia aunque haya que alinearse ideológicamente. Si esos intereses son principalmente políticos, entonces se alinearán con la ideología que pretenden defender y buscarán la compensación económica por otro lado.

A pesar de la palabrería que suelen usar acerca de la "libertad informativa" o la "objetividad", los medios de comunicación en las democracias actuales son completamente corruptos y sirven a la inducción al voto mediante el sesgo, la persuasión o la distorsión, usando incluso el falseamiento de las encuestas preelectorales. No existen unos medios más sesgados y otros más imparciales, cada uno usa la máxima manipulación que le es posible dentro de la capacidad crítica y la inteligencia de su audiencia. Si la audiencia es más inteligente, deben disimular un poco más, y si la audiencia es menos inteligente, pueden usar estrategias más obvias, pero lo que queda claro es que un negocio basado en la información objetiva y veraz financiado con las aportaciones de su audiencia es algo que no existe, es una mera entelequia fabricada por los que se benefician de la manipulación.

La mayor parte de la facturación de los medios proviene de la publicidad, pero nadie controla que la publicidad por sí misma genere el suficiente negocio para el anunciante como para justificar esos anuncios. De hecho, rara vez lo hace, lo que se financia con esa publicidad, sobre todo en medios de información política, suele ser la influencia que luego esas empresas rentabilizarán cuando hayan conseguido colocar a otro liberal en el poder.

El papel de los medios en las democracias actuales, por tanto, es completamente tóxico y representa un grave problema. Una transformación de la estructura del estado para servir realmente a los intereses generales debería empezar primeramente por la regulación de los medios de comunicación.

Cuestión aparte son los contenidos audiovisuales de ficción, que últimamente han comenzado a mostrar también sesgo ideológico, valiéndose del oligopolio que se ha montado en la distribución a partir de Netflix y sus escasos competidores HBO Max, Disney+ o AppleTV+. Esto es ya el deterioro final de nuestra cultura y están generando un gran rechazo entre la gente, aunque por el momento esa actitud "educativa" sigue y condiciona también, en cierta medida, la libertad de pensamiento del público.

El papel del capital:

En principio, las teorías liberales hablan de dos compartimentos estancos: el estado por un lado y lo privado por el otro. Esto no es más que una falacia y el mismo Adam Smith ya avisó de que había que vigilar de cerca a los empresarios, porque siempre intentaban usar su dinero para condicionar las decisiones políticas. Nunca el estado ha podido ser ajeno a la presión del capital, ni el capital ha podido ser libre sin la regulación del estado.

La primera intromisión del capital en los asuntos públicos es la financiación de los partidos. Es obvio que la propaganda electoral gana muchos votos y puede decidir elecciones, no es tan obvio quién la paga. En EEUU hay teóricamente un límite en las donaciones directas a los candidatos, pero no hay ningún límite en los llamados "super-PAC" (PAC viene de Political Action Committee). Los super-PAC simplemente hacen campaña por su cuenta en lugar de ingresarle el dinero al candidato, y con eso todo es legal. En cada ciclo electoral, llueven los millones por parte de la industria de armamento, las farmacéuticas, las grandes constructoras, los productores agrícolas o incluso las tecnológicas. En las elecciones de 2020, por ejemplo, el Partido Demócrata recibió casi $7.000 millones, mientras que el republicano sólo recibió $5.500. Cada industria aporta en función de sus intereses, pero por ejemplo, el sector inmobiliario donó cerca de $300 millones de manera más bien equilibrada entre los dos partidos, mientras que la industria petrolera donó cinco veces más a los republicanos que a los demócratas, un total de $133 millones para los dos. Pero la influencia más importante es la que ejercen en las primarias de cada partido, para asegurarse de que no llega a ser candidato nadie peligroso para sus intereses. Ahí las cifras son más pequeñas y se puede manipular más. Ahora, por ejemplo, estos "grandes donantes" están trabajando a favor de Nikki Haley y en contra de Donald Trump en las primarias republicanas.

En España, el disimulo es aún menor, los partidos son entidades jurídicas parecidas a las empresas y directamente se endeudan con los bancos para financiar sus campañas. Normalmente, nunca llegan a pagar nada y al final hay unas condonaciones. En el año 2010, por ejemplo, se supo que el Banco Santander y la caja BBK le habían condonado al PSOE 33 millones de deuda, sin motivo aparente. A partir de 2015, esta práctica se ha prohibido, pero no hay ninguna norma que obligue a los bancos a ejecutar garantías hipotecarias ni ningún tipo de embargo, por lo que la deuda puede crecer indefinidamente.

Pero lo que gusta más al político español es la llamada "puerta giratoria". Este tipo de puerta permite un flujo continuo de transeúntes entre un ámbito y otro, en este caso entre el Gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas. Ángel Acebes fue ministro de Administraciones Públicas hasta abril de 2004, y en 2011 aparece como vocal del consejo de administración de Bankia. Felipe González fue presidente del Gobierno hasta 1996 y consejero de Gas Natural de 2010 a 2014. José María Aznar fue presidente del Gobierno hasta 2004, y de 2006 a 2014 aparece como consejero de News Corporation, conglomerado mediático estadounidense, el cuarto mayor del mundo. Aznar había sido uno de los pocos mandatarios europeos que apoyó la guerra de Irak, y en este caso lo hizo contra la opinión del 90% de los españoles. También apareció luego, de 2011 a 2014, como consejero de Endesa. Rodrigo Rato fue ministro de Economía hasta el año 2004, y aparece luego como presidente de Bankia de 2010 a 2012, consejero de Telefónica en 2013, consejero del Banco Lazard de 2007 a 2009 y consejero del Banco Santander de 2013 a 2014. También aparece en la cárcel de Soto del Real de 2018 a 2020. Y podría seguir poniendo ejemplos. La remuneración de un consejero externo de una empresa cotizada, sin funciones ejecutivas, suele partir de unos 150.000€ y luego se pueden añadir dietas y otros pluses, y esto se consigue simplemente acudiendo a unas pocas reuniones al año.

No todos los ex ministros recurren a maniobras tan burdas como colocarse en consejos de administración, algunos son más hábiles y montan empresas de asesoría, consultoría, despachos de abogados o similares que pueden facturar casi cualquier cifra a cualquiera sin que nadie compruebe nada. Otra situación, más frecuente en EEUU, es la aparición de ese político al frente de una fundación que recibe millonadas en donaciones, como el caso de Bill y Hillary Clinton, o gestionando un fondo de inversión cuyas aportaciones millonarias no queda claro de dónde provienen, como el caso de Al Gore.

Otra forma en la que el capital influye en la política es la colocación de asesores en una segunda línea en la toma de decisiones. Se cree que actualmente el gobierno de Sánchez supera el millar de asesores, la mayoría adscritos al Ministerio de la Presidencia, es decir, convenientemente camuflados. Los ministros dependen de estos asesores para la toma de decisiones, y su sueldo no es excesivamente alto, va de los 45.000€ a los 65.000€ brutos al año, aproximadamente. Este grupo de "entendidos" tan opaco es un buen lugar para que las grandes corporaciones coloquen a gente fiel y convenzan a los políticos de las bondades del liberalismo y los grandes riesgos que tendrían las subidas salariales. También es frecuente que los candidatos más deseados por las grandes empresas reciban un mejor asesoramiento ya desde su participación en las primarias.

La situación actual:

La situación actual de la democracia liberal, sumando los vicios originales y el deterioro ya acumulado, yo la definiría con tres grandes áreas problemáticas: las limitaciones al sufragio, la corrupción del sistema y los condicionantes del sufragio universal.

Las limitaciones al sufragio son una característica fundacional de las democracias, como he señalado antes, y están diseñadas para impedir que ningún gobierno escape a los cauces ideológicos del liberalismo. Es cierto que alguna vez estas limitaciones han fallado, pero en general ejercen un control transparente y efectivo.

La primera limitación obvia al sufragio es el encasillado. Los votantes deciden sólo entre dos candidatos, todo el resto de la lista de posibles diputados, gente completamente desconocida por la práctica totalidad de los votantes, son sólo el equipo elegido por ese candidato para calentar los sillones del hemiciclo y apretar el botón cuando se les mande. Al final, en las elecciones sólo hay dos nombres, y el resto de partidos sólo puede aspirar a pactar el apoyo a un gobierno a cambio de unas contraprestaciones. Esto en la Restauración se llamó el "turno de partidos" y los intelectuales de la época lo asimilaron a la corrupción y el fraude. Ahora estamos exactamente igual.

Uno de los conceptos que refuerza el encasillado, a partir sobre todo de mediados del siglo XX, es el de los "extremos" políticos. La ideología liberal está siempre dividida en dos tendencias que divergen levemente, una más conservadora y otra más popular, pero las dos igualmente liberales. Cuando por la derecha o la izquierda aparecen ideologías antiliberales, son tachadas inmediatamente de "extremas", lo que ya induce al miedo en el votante.

Otra limitación y hasta tergiversación a posteriori del sufragio es la llamada Ley d'Hondt, que consiste en un artificio matemático para concentrar más escaños en las listas más votadas de cada circunscripción, de modo que se exageren las diferencias.

Pero todavía concentra más los escaños en los partidos más grandes el modelo de circunscripciones, que hace que cada provincia sea como una pequeña elección independiente que reparte un número muy bajo de escaños. Esto hace que esos pocos escaños acaben en manos de las listas más votadas y que los votos de las listas menos votadas acaben por no servir para nada.

Por poner dos ejemplos: en estas últimas elecciones generales de 2023, el PP obtuvo 136 escaños con 8.091.840 votos, y la coalición Sumar obtuvo 31 escaños con 3.014.006 votos. Es decir, que al PP cada escaño le costó 59.500 votos, y a Sumar cada escaño le costó 97.226 votos. Y esto además refuerza el efecto "voto útil", que hace que muchos votantes se inhiban de votar a partidos más pequeños por esta devaluación de sus votos.

Acabadas las votaciones, los ganadores sólo pueden gobernar dentro del "marco constitucional", es decir, de un conjunto de leyes inamovibles que no pueden cambiar salvo que gocen de mayorías cualificadas. En España, una reforma constitucional exige una mayoría de dos tercios de la cámara, más nuevas elecciones y ratificación nuevamente por dos tercios, más referéndum. El marco constitucional español actual fue redactado por unos señores que fueron elegidos por varios criterios, especialmente el interés del Rey Juan Carlos, y que dieron al pueblo español a elegir entre la constitución propuesta por ellos o nada. Luego, no se ha podido ni tan siquiera elegir esto y ese marco constitucional se arrastra durante generaciones sin que ningún partido en el gobierno lo haya podido reformar.

Mucho más grave es la corrupción intrínseca del sistema, una corrupción que es inherente al modelo, pero que va pudriendo progresivamente las distintas áreas del estado conforme van pasando los años. En España, la parte más grave de esta corrupción es el control político del poder judicial, porque esto abre la puerta a todos los otros modos de corrupción tanto en el estado como en las autonomías y ayuntamientos. Los gobiernos y sus diputados sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos miembros son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos en su totalidad por el Congreso y el Senado. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional: tiene doce miembros, de los que cuatro son nombrados por el Congreso, cuatro son nombrados por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que se trata todo de una estructura circular que al final acaba siempre en los dos partidos del turno. La impunidad con la que actúan PSOE y PP es casi total, y no abusan más porque no quieren.

Existen luego los condicionantes que crea el sufragio universal por sí mismo, que a mi entender son dos: no se puede hacer lo que hay que hacer, por un lado, y hay una gran dificultad de captación de talento para las tareas de gobierno, por el otro.

En un régimen en el que se ha subvertido el principio de autoridad intelectual y cualquier necio se siente autorizado para coger la pancarta y lanzarse a la calle a intentar condicionar las decisiones políticas, la gobernabilidad es difícil y está condicionada a veces a navegar entre las presiones de distintos grupos de interés. El ejemplo más claro son las pensiones: el Gobierno sigue aumentándolas contra todo criterio económico porque es rehén de toda la masa de jubilados que votará únicamente en función de eso. Como consecuencia de estas situaciones, la deuda pública de casi todas las democracias liberales sigue aumentando al mismo ritmo que la emisión de masa monetaria sin respaldo, lo que abocará a la devaluación final de las monedas y a crisis económicas que no se podrán resolver sin cambiar el modelo político.

Es también casi imposible que en una democracia actual los más inteligentes de un país ocupen tareas de gobierno. Por un lado está el acceso al poder basado en propaganda, discursos y debates cara a cara, en donde la habilidad para la manipulación emocional o directamente el engaño de los menos inteligentes pesan mucho más que el programa de gestión o la inteligencia de los análisis. Por otro lado, una vez en los cargos, los dirigentes se ven sometidos a una insoportable presión mediática, con insultos y desprecios, que desmotiva a quienes ya tienen una buena vida con un buen desarrollo profesional y no necesitan pasar por esas situaciones. Por tanto, la democracia hoy selecciona a personas de baja catadura moral y expele a las personas inteligentes y con talento, y las consecuencias de esto las pagamos cada día con gobiernos mediocres y mentirosos que no defienden los intereses generales.

¿Es la democracia un marco político adecuado para un mundo postcapitalista con estados fuertes y regulaciones más estrictas? Mi respuesta es que no, que la democracia puede haber sido un decorado falso y útil para un estado mínimo, para una privatización a todos los niveles y una carrera desarrollista hacia ninguna parte, pero si un estado quiere buscar la formación y el desarrollo de su talento con igualdad y justicia, la gestión racional de los recursos y la estabilidad económica para el largo plazo, deberá primeramente diseñar un modelo político distinto que coloque a los más capaces en los cargos de responsabilidad y les deje las manos libres para tomar las decisiones que sean correctas a muchos años vista. Ese modelo no sé exactamente qué cara pueda tener, pero intentaré exponer una propuesta en un próximo artículo.

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© A. Noguera