En este artículo quiero tratar el papel que debería tener el estado en nuestra sociedad. Me parece esta cuestión importante porque ha sido una de las más debatidas durante el ciclo liberal que estamos cerrando y ha formado parte de casi todas las estrategias de sometimiento de la clase trabajadora.

La primera reflexión necesaria antes de considerar qué forma debe tomar el estado tiene que ver con su legitimidad. Históricamente, la primera versión que conocemos de algo parecido a un estado son las llamadas ciudades estado mesopotámicas, que comenzaron a aparecer alrededor del 2.900 a.C. Esta forma de organización sustituyó el principio asambleario y horizontal de las tribus y se basó en un orden jerárquico teocrático y en una regulación muy estricta de todas las actividades de los ciudadanos. Con mayor o menor libertad u orientación asamblearia, surgieron luego otras culturas con la misma organización en ciudades estado, como la de la Antigua Grecia o la civilización maya. A partir del 2.340 a.C. surge el Imperio Acadio, que incorpora progresivamente una serie de ciudades estado que van siendo sometidas por las armas. Esta forma de ir invadiendo y sometiendo a los demás la copiarán luego egipcios, griegos, romanos, persas, mayas y otros. En la Edad Media europea esta presión se relajó un poco y aparecieron los feudos, que tenían algo de las antiguas ciudades estado pero se agrupaban bajo la autoridad de un rey. Los reinos medievales acabaron también luego convertidos en imperios, más grandes o más pequeños, y sobre ellos se construyó el estado liberal.

De modo que el estado no ha tenido nunca más legitimidad que la necesidad de las personas de agruparse para defenderse de enemigos, relacionarse mediante unos criterios previsibles y colaborar en la producción de bienes y servicios. A partir de ahí, la capacidad de algunos grupos para controlar esas organizaciones se ha basado en la fuerza, la persuasión o la conveniencia, según lo que ha resultado más eficaz en cada época, sin que yo vaya a entrar aquí a hacer ningún juicio de valor.

El Estado lo conforman las personas que están sometidas a sus leyes, voluntaria o involuntariamente. Si algún grupo ha conseguido en algún momento arrogarse una mayor legitimidad, lo ha hecho mediante la persuasión o la fuerza, sin que esa legitimidad exista intrínsecamente, o al menos yo no se la voy a reconocer. El estado existe en el presente y tiene un funcionamiento claro y mecánico, el pasado y el futuro no existen para él. El estado no son los legisladores ni los funcionarios, estas personas crean y aplican las reglas de funcionamiento colectivo, el estado es todo el colectivo con todas sus instituciones, incluyendo la personalidad jurídica y la propiedad privada.

Precisamente, el estado que tenemos actualmente, el estado liberal, no está fundado en la democracia ni en los derechos naturales de las personas, sino en la propiedad privada. En la Convención Constitucional de Filadelfia de 1787, los 55 "padres fundadores" que redactaron la constitución fueron más bien líderes revolucionarios y guerrilleros que habían ganado la Guerra de Independencia, como George Washington. Después de redactada la constitución, se refrendó mediante sufragio masculino blanco propietario de tierras, el 6% de la población. La condición de ser propietario de tierras se fue retirando paulatinamente en cada estado a lo largo del siglo XIX, el último en retirarla fue Carolina del Norte en 1856. El sufragio de negros se implantó en 1870 tras la Guerra Civil, pero tuvieron los negros que alistarse con la Unión y ganar esa guerra.

En Francia se hizo lo mismo. En la constitución de 1791 se implantó el sufragio basado en la propiedad. Este requisito se aumentó luego en la constitución de 1795.

Quiere decir esto que, no sólo la propiedad privada forma parte del estado liberal sino que es su institución fundacional.

Aunque la mitología europea siempre recuerda la Constitución del Año I y su declaración de derechos del hombre y el ciudadano como el inicio de la verdadera democracia occidental y el sufragio universal, esa constitución nunca llegó a entrar en vigor y fue abolida por la Constitución del Año III, conservadora y con sufragio censitario. Para hablar de un sufragio universal masculino en Europa con una cierta continuidad, hubo que esperar a que Bismarck, muy poco liberal, forzase la derrota de un completo liberal como Napoleón en 1870, desencadenando la proclamación de la Tercera República Francesa y el II Reich alemán. El Reino Unido siguió exigiendo propiedad inmobiliaria para poder votar hasta 1918.

Es a partir de ahí donde comienza la situación actual en la que la burguesía se ve obligada a controlar el estado indirectamente, induciendo al voto mediante el engaño, el control de los medios, la financiación de los partidos y otras estrategias deshonestas. Ahí es donde surge esa situación en la que el oligarca, el privilegiado, es una especie de enemigo del estado y busca un estado mínimo, limitado, a poder ser irrelevante.

Estos enemigos del estado han tomado varias formas, algunos han aparecido directamente en los medios, otros han usado mamporreros debidamente financiados. Para atacar al estado se ha usado el concepto de "estado mínimo". Los defensores del estado mínimo han invocado siempre la importancia de la propiedad privada y la seguridad jurídica, es decir, un estado máximo y coercitivo, una opresión rígida y estricta basada en la fuerza. Si de verdad tuviese la sociedad que ir a un estado mínimo, lo primero que se minimizaría sería la propiedad, y lo segundo el uso de la fuerza.

No quiero detenerme en esto, pero todos conocemos los diversos personajillos que aparecen en los medios que controlan hablando de la maldad de las personas que prestan los servicios públicos y la bondad de quienes explotan y malpagan a los trabajadores, de la gran necesidad que tenemos todos de la creación y acrecentamiento de sus fortunas. Este artículo va a tratar, caso por caso, de sus estrategias, sus falacias y su lucro indebido.

Lo que el estado puede hacer bien:

Voy a ir enumerando las actividades que pienso que puede desarrollar el estado mucho mejor que las empresas privadas. La ventaja primera del estado en ciertos sectores intensivos en capital o basados en trabajo muy cualificado es una mayor eficiencia, porque evita plusvalías parasitarias, duplicidades y gastos publicitarios. La segunda ventaja es la captación y retención del talento, porque mucha gente prefiere el empleo de por vida y en buenas condiciones antes que una rentabilidad económica un poco mayor.

El primer sector en el que, de manera muy obvia, el estado ha funcionado mejor que la empresa privada es el de las infraestructuras. Cada vez que se ha querido poner en manos privadas el desarrollo de carreteras o vías férreas, se ha visto que la única diferencia han sido los miles de millones que las empresas contratistas han obtenido de beneficio. Las autopistas de peaje son un ejemplo muy claro: retenciones para obtener el ticket, retenciones para pagar luego en el peaje, infraestructura pagada y repagada varias veces pero infrautilizada, atascos en los tramos urbanos de las carreteras nacionales alternativas, adelantamientos con riesgo, exceso de siniestralidad. En general, las concesiones de este tipo implican inversiones tan fuertes que las empresas adjudicatarias sólo las aceptan si el estado les suprime todo el riesgo. La única ventaja que han tenido para los estados ha sido la capacidad de esconder deuda, porque toda la deuda contraída por la adjudicataria al desarrollar la obra no figura en el déficit público. Pero, a cambio de esto, y de las compensaciones personales que puedan conseguir los políticos que toman tales decisiones, el coste total para el ciudadano es desorbitado. Por ejemplo, sólo en el periodo 2005-2015 y en el tramo valenciano de la AP-7, se cifró en 1.200 millones el beneficio neto obtenido por Abertis, en aquel tiempo una de las cotizadas del IBEX 35.

Otras infraestructuras como vías férreas, puertos o aeropuertos se han dejado también ocasionalmente en manos privadas en algunos países, con la única consecuencia de que luego su rescate es políticamente difícil.

No hay ventaja en el desarrollo privado de las infraestructuras. Cuando ya es el estado el que ha detectado esa necesidad y tiene el uso a futuro asegurado, la empresa privada ya no tiene nada que aportar.

Otro ejemplo muy claro son las telecomunicaciones. En EEUU, Western Union y AT&T desarrollaron la red telegráfica y telefónica, respectivamente, de manera completamente privada durante el siglo XIX, pero en Europa la telefonía se desarrolló con iniciativas públicas. En Alemania, lo hizo Deutsche Telekom, inicialmente una escisión del servicio de correos, y en España la Compañía Telefónica Nacional de España, actual Telefónica, fundada por el régimen de Miguel Primo de Rivera mediante la creación de un monopolio. Estas compañías públicas funcionaron perfectamente durante muchas décadas, realizando unas fuertes inversiones en el despliegue de redes, tanto de par de cobre como luego de fibra óptica, que han resultado muy rentables para la sociedad.

Durante la década de los 90, cundieron por Europa los ecos reaganianos y se comenzó a privatizar estas empresas. Deutsche Telekom pasó a manos privadas en 1996. En España, el gobierno de Aznar privatizó Telefónica en 1999 en un proceso de pelotazo y salida a bolsa que ya he comentado en otro artículo. Como compañía privada, Telefónica siguió gozando de una imagen de marca y una confianza del ciudadano propia de un servicio público, pero desarrolló todo tipo de prácticas deshonestas con la idea de aumentar su rentabilidad. Recuerdo ahora mismo el servicio llamado Movistar E-Moción, que venía incorporado en los móviles y pretendía cobrar por la simple lectura de contenidos totalmente mediocres. Los usuarios intentaban evitar la mera activación del servicio, pero los móviles venían ya con un botón central prominente que lo activaba, casi siempre por error. El bloqueo de los móviles para operar sólo con Movistar fue otra estrategia sucia, y se desarrolló un pequeño sector económico de "liberación" de móviles para poder cambiar de operadora. Pero el cambio de operadora era algo que también se dificultaba, con obligación de cursar supuestos fax que luego se ignoraban para solicitar la baja, hasta que el gobierno tuvo que intervenir imponiendo el actual proceso de "portabilidad". Con las conexiones ADSL siguieron los problemas para las bajas y los paquetes de contenidos de pago, pero lo peor fue el bloqueo de la competencia. Toda la red telefónica era propiedad de una sola empresa, y esto le daba una ventaja determinante, por lo que se intentó introducir competencia obligando a Telefónica a alquilar sus redes. El problema fue que esas redes alquiladas siempre funcionaban peor, tenían pequeños bloqueos y latencias que nadie podía nunca demostrar. La estrategia comercial de la Telefónica privatizada fue, durante los años de la presidencia de César Alierta, claramente mafiosa, y él mismo lo expresó de esta manera: "La inteligencia está en la red y las redes son nuestras".

El sector de la energía también ha sufrido privatizaciones y deterioro del servicio. En esa época de los 90 se fueron liberalizando la producción de gas, la eléctrica y la de hidrocarburos. Enagás, fundada a finales del Franquismo por el Instituto Nacional de Industria y responsable de la construcción de la red de gasoductos de España, acabó en 1994 en manos de Gas Natural SDG, actual Naturgy, compañía privada que se había hecho ya con los activos gasísticos de Repsol. La misma Repsol fue privatizada por partes a partir de 1989 y hasta 1997 y quedó en manos de La Caixa, Pemex, Sacyr Vallehermoso o Mutua Madrileña, aparte de miles y miles de accionistas que iban comprando y vendiendo los titulitos en la bolsa. Estas compañías energéticas no han sido tan deshonestas como Telefónica y han prestado su servicio bien, pero la pregunta es qué necesidad ha habido de dar todos esos dividendos a manos privadas, en muchos casos extranjeras, cuando el Estado prestaba perfectamente el servicio y obtenía unos réditos que permitían contener el déficit público.

En el sector de la minería, ha habido de siempre privatizaciones, concesiones y grandes fortunas que se han amasado con los recursos naturales de ese país mediante influencias políticas. No es fácil determinar qué rendimiento a futuro tendrán unos ciertos yacimientos minerales, y ahí los estados han tendido a aceptar el dinero rápido e infravalorar lo que están cediendo. En España, actualmente las concesiones mineras están en manos de las comunidades autónomas, pero su explotación corresponde a empresas privadas con contratos a largo plazo. Hace unos días, la Unión Europea ha señalado las siete explotaciones mineras españolas que considera estratégicas, por su producción de metales necesarios en las baterías y los dispositivos digitales. Estas siete explotaciones están en su mayoría en manos de empresas o fondos de inversión extranjeros. La producción de wolframio se realiza en la mina La Parrilla, de Cáceres, por parte de la empresa Iberia Resources Spain, hoy propiedad de BlackRock. En Sevilla, en la mina Las Cruces, la multinacional canadiense First Quantum Minerals extrae cobre, zinc, plomo y plata. En Huelva también se está extrayendo cobre a cargo de la multinacional estadounidense Freeport-McMoran. En la mina Aguablanca, en Badajoz, se extrae níquel, cobalto, cobre y platino, y la concesión pertenece a la canadiense Denarius Metals Corp y la española Rio Narcea a partes iguales. Otras de las minas estratégicas están en manos españolas, pero completamente privadas: la mina de litio Doade de Orense está controlada por el grupo Samca, de la familia Luego, la mina El Moto de Ciudad Real es explotada por Abenojar Tungsten S.L., la mina Las Navas, en la provincia de Cáceres, es explotada por Lithium Iberia y Phi4Tech.

En el sector militar, se han hecho también grandes fortunas con el dinero público. Las llamadas "contratistas" norteamericanas, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics o incluso Boeing, entre muchas otras, vienen recibiendo desde hace más de un siglo ingentes cantidades de dinero público. Por poner algunos ejemplos, en este informe de FactSet se indica que en 2021 el 71% de la facturación de Lockheed tuvo su origen en los presupuestos públicos norteamericanos. En el caso de Raytheon y Boeing, ese porcentaje fue del 48%-49%. No se conocen las cifras de Northrop o General Dynamics, pero son también muy altas. Estas cinco compañías capitalizan conjuntamente más de medio billón de dólares en el S&P500, y todas las patentes que han ido desarrollando con el dinero público les pertenecen a título privado y las explotan vendiéndolas también a otros países. En Europa, tampoco Airbus, GDELS-Santa Bárbara, Expal, ITP Aero o Indra se quedan cortas. En España, queda Navantia como empresa pública de fabricación de barcos militares, pero lo que sucede es exactamente lo mismo que en EEUU: unas ingentes cantidades de dinero fluyen hacia el "complejo civil militar", como lo llamó Eisenhower, y esto produce grandes enriquecimientos privados con la deuda pública y unas redes clientelares opacas y muy tupidas. Ahora que hay planes para el aumento del gasto militar, pienso que el Estado debe preocuparse por fabricar sus propias armas, y hacerlo con un control del uso de ese dinero y del poder que esas armas otorgan.

Lo mismo digo del sector aeroespacial: se hacen las grandes carreras, se consiguen los hitos, se pone la bandera, hay un superhéroe que se crió en un pueblecito en una familia de clase media, hay grandes frases, pero, por citar un estudio reciente, en 2022 el 73,5% de todo el presupuesto de la NASA se gastó en empresas contratistas privadas. El presupuesto de la NASA en 2022 superó los $25.000 millones. Pero esto ha venido sucediendo desde la creación de este organismo en 1958. Esto está sucediendo también en Europa a menor escala. En el caso de China, las cifras son opacas, se sabe que usan también algunos contratistas privados, pero el grueso de la inversión y las patentes importantes se quedan en manos públicas.

En la construcción residencial, es claro que los estados se vienen inhibiendo intencionadamente y creando con ello graves problemas. Se ha citado muchas veces el artículo 47 de la Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Esto ha sido papel mojado y aquí ha habido y sigue habiendo especulación desbocada y empresas cotizadas como Neinor, Aedas, Metrovacesa, Realia o Quabit, aparte de las ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, que también han pegado su cucharada en la parte residencial. Siendo España el país europeo en el que más problemas hay de acceso a la vivienda, sólo el 2% del parque de viviendas es de protección pública, cuando el porcentaje de Alemania, por ejemplo, es casi el triple. Son esos poderes fácticos especulativos los que han venido frenando la actuación más obvia y sensata, que sería la iniciativa pública en la promoción. El plan actual de Pedro Sánchez es una pequeña y tímida iniciativa en el sentido correcto. Yo no veo el motivo por el que tiene que ser una empresa privada la que inicie las obras residenciales, no veo ningún conocimiento arcánico ni patente multimillonaria que impida tomar suelo y contratar a una constructora.

La construcción residencial pública debería hacerse a precios de mercado, no adjudicando las viviendas a precios bajos en una especie de bingo, ni estableciendo criterios de discriminación positiva. Un aumento de la oferta en las zonas más recalentadas se haría notar inmediatamente en los precios. Tiene el Estado que actuar también en los momentos bajos del ciclo, cuando la financiación es difícil y las necesidades de vivienda siguen existiendo. Y tiene también que regular y enfriar los ciclos expansivos a partir de un punto. Ya el concepto de "protección oficial" me parece erróneo, pienso que la construcción residencial debería asimilarse a la de infraestructuras y estar en manos públicas prácticamente en su totalidad, con una gestión del suelo racional y centralizada en todo el país, sin permitir que los ayuntamientos sigan especulando con su suelo.

Otra situación distinta son las actividades muy intensivas en trabajo cualificado, sobre todo en situaciones en las que la demanda es fija y clara, y especialmente cuando el trabajador lleva a cabo esa actividad individualmente y sin ayuda de un equipo. Ahí la ventaja del estado es muy evidente.

La educación es el ejemplo más claro que conozco. Toda la mejora de la educación privada en enseñanzas regladas está en el abaratamiento de los salarios de los profesores y en el filtrado del alumnado. No se ha podido sacar ventaja alguna ni por economías de escala, ni por el uso de software, ni por las funciones ejecutivas de ningún directivo. La única ventaja de los colegios e institutos privados es el impedir que accedan los alumnos con menos recursos económicos, que son derivados a la educación pública. Pero ocurre que es tan bajo el nivel del profesorado, es tan precaria su situación laboral, que su cualificación no les llega para impartir clases en el bachillerato con la suficiente calidad, de modo que son pocos los colegios privados que consiguen tener programas de bachillerato. En el caso de la universidad, el servicio que ofrecen los centros privados es permitir el acceso de estudiantes con notas más bajas e inflar luego esas calificaciones. Creo que ya he escrito en algún artículo anterior que, en mi opinión, los títulos de las universidades privadas no deberían ser válidos para acceder ni a la función pública ni a colegios profesionales.

El caso de la sanidad en España es también muy claro. Aquí se produce una tensión continua entre la gestión directa pública, las aseguradoras privadas y los distintos modelos de privatización de lo público que se han ido inventando. El estado español gestiona directamente todos los recursos de lo que llama Sistema Nacional de Salud. Este sistema se ha ido deteriorando por los grandes recortes sufridos a partir de la crisis de 2008 y su uso como reclamo para la inmigración ilegal masiva, de modo que se ha ido imponiendo una privatización de facto forzada por las grandes listas de espera en todas las especialidades. Pero la atención médica privada desregulada es esencialmente mala, sirve muy bien a personas jóvenes sanas, pero hostiga o abandona a quien hace un uso "excesivo" del servicio o simplemente ha cumplido años. Las aseguradoras ponen límites de edad para contratar las pólizas, multiplican el coste de las primas o llevan a cabo prácticas menos confesables para inducir a las bajas voluntarias. Esto sólo tiene una solución, que es una fuerte regulación para obligar a los más jóvenes a pagar de más para que los más viejos puedan pagar de menos, pero esto tendría un precio prohibitivo para los asalariados, porque estarían sometidos a una doble cotización pública/privada.

El modelo de la concesión pública de los hospitales, el llamado "modelo Alzira", ha funcionado muy mal porque las aseguradoras, al encontrarse sin competencia y con los pacientes ya asignados, han ido abaratando el servicio sin preocuparse demasiado de su deterioro. La administración pública no ha podido o no ha sabido frenar estas prácticas, probablemente porque no es nada fácil fiscalizar directamente una actividad tan compleja como la atención sanitaria.

De modo que la sanidad pública en España no es sustituible completamente, a no ser que se lleve a cabo un modelo como el alemán, el Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), implantado por Otto von Bismarck. Este modelo es una especie de MUFACE para toda la población, la gente cotiza en función de sus ingresos, no de su edad, y luego tienen un cuadro médico privado al que pueden acudir y en el que se les tiene que atender siempre. Los empleados con ingresos superiores a 60.000€, los autónomos y los funcionarios pueden optar por dejar de cotizar al GKV y contratar pólizas privadas desreguladas, lo que se llama el Private Krankenversicherung (PKV), pero una vez que se han marchado sólo pueden volver si sus ingresos han caído mucho y tienen menos de 55 años. Estos seguros privados son siempre de reembolso, no de cuadro médico, y los utiliza aproximadamente un 10% de la población.

No digo que haya que implantar en España el modelo alemán, digo que la privatización de la sanidad se tiene que hacer con fuerte regulación o nunca va a funcionar. Ya he mencionado en un artículo anterior la situación de abuso y abandono de los pobres por parte de los oligopolios sanitarios norteamericanos, este modelo es el que nadie quiere, pero la gestión directa pública española está saturada por la inmigración y una parte grande de la sociedad española se muestra cada vez más reacia a financiar esto, mientras que la otra parte clama contra cualquier tipo de copago. El resultado será la típica "merienda de negros" en la que cada uno sacará el provecho que pueda o será engañado y estafado por su propio estado.

Otro sector en el que no entiendo en absoluto la privatización es el de las farmacias, las notarías y los varios registros. Las licencias para abrir farmacias se consiguen mediante autorizaciones administrativas y entregan un pequeño monopolio a ese establecimiento, que tiene un área geográfica asignada. La media de facturación de una farmacia en España es de 600.000€ al año y suele tener beneficios netos por encima de los 100.000€. ¿Es esto necesario para obtener la dispensa de medicamentos ya prescritos y financiados por la sanidad pública? Además, hay un vergonzoso mercado de reventa de esas licencias, como si de una propiedad inmobiliaria se tratase. Lo mismo ocurre en el caso de las notarías y los registros de la propiedad y mercantil, los propietarios de estas empresas son simples parásitos que se enriquecen a lo largo de décadas con una especie de impuesto. La tecnología los ha dejado completamente obsoletos, pero su monopolio sigue y las escrituras con toneladas de farfolla para inflar el número de páginas siguen vendiéndose a precio de oro. Ni tan siquiera el arancel notarial se actualiza para obligarles a escribir con algo de mesura.

Otro ámbito en el que la iniciativa privada ha trabajado poco y mal ha sido el de la ciencia y la tecnología. Las grandes inversiones a muy largo plazo y con alto margen de fracaso no gustan a la empresa privada y son los estados los que han desarrollado esos conocimientos y luego los han cedido casi sin coste para que otros hagan negocio. Los liberales han venido argumentando que esto debe seguir siendo así, porque de lo contrario la actividad económica declinará.

Lo que el estado no puede hacer bien:

Queda claro que toda actividad importante de una sociedad la puede desarrollar el estado con más eficacia que la empresa privada, pero sí que reconozco que hay áreas en las que el estado no ha sido tan útil. En general, todas las actividades que se basen en comprender las emociones de los clientes son más propicias para la empresa privada.

El sector de la alimentación en España funciona sin ninguna intervención estatal, dentro de un marco regulatorio suficiente pero no opresivo. Es cierto que gran parte de la agricultura está subvencionada, pero el sector es completamente privado. La producción de comida recae en cientos de fábricas de distintos tamaños que cada vez más van cayendo bajo el control de las grandes distribuidoras, un proceso que no voy a calificar ni de bueno ni de malo mientras la eficiencia se mantenga. En la parte de la distribución se ha constituido un oligopolio, con un liderazgo muy claro de Mercadona y unas pocas empresas españolas y europeas que se reparten el resto del mercado. Mercadona no da problemas, su gestión tiene cierta ética, y esto hace innecesaria la intervención estatal. Si nos encontrásemos en una situación como la de EEUU, en la que está generalizado el uso de aditivos sin supervisión adecuada, cuando no de químicos completamente tóxicos, tanto en la comida misma como en los envases, con etiquetados completamente confusos, cuando no se lava el pollo con cloro o con ácido peracético o se administran hormonas y antibióticos a las vacas, entonces sería necesaria mucha más regulación. Quiero decir que, para que un sector funcione con una regulación leve, es necesaria una cultura de base, una ética en los empresarios y un alto grado de conocimiento del producto por parte del consumidor. Eso no quita que en los próximos años vaya a haber aún más interés en la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas y en la mejora del etiquetado, que no podrá limitarse sólo a la enumeración de los ingredientes o de sus códigos EFSA sino que deberá incluir el grado de afectación a la salud.

Un aspecto interesante de este sector es la importancia de las cooperativas: Grupo AN, Dcoop, Covirán, Anecoop, Unide, Consum, Orona, Eroski o COVAP facturan miles de millones de euros y se mantienen fuertes.

Otro sector relacionado con el de la alimentación es el de la hostelería. Aquí no veo forma de que el estado ponga bares o restaurantes, porque aquí de lo que se trata es de crear una experiencia, y esto tiene un componente creativo que el estado no puede comprender. A favor de la privatización de este sector está también la poca inversión inicial necesaria y las nulas barreras de entrada, lo que ha impedido hasta ahora una verdadera concentración.

Tampoco pienso que el estado deba preocuparse por fabricar ropa o calzado, son actividades también creativas y de una tecnificación moderada. El uso de mano de obra prácticamente esclava en China es lo que ha destruido este sector, aunque Inditex se mantiene. No estoy en contra de que una sola empresa acapare una alta cuota de mercado si sus prácticas son honestas y las barreras de entrada bajas.

Más discutible puede ser si el estado debería producir automóviles. Es cierto que la construcción de una fábrica requiere de una fuerte inversión y el uso de personal altamente cualificado, pero el componente creativo en el diseño del producto es innegable. Aunque no es bueno que los productores estén tan concentrados y localizados en Asia, los márgenes de beneficio se mantienen bajos y yo no veo cómo el estado podría mejorar ese tipo de producto.

Lo mismo ocurre con los aparatos tecnológicos, cualquier intervención del estado para intentar competir con Apple o Samsung sería un fracaso, en ese sector la empresa privada se ha demostrado mucho mejor.

Los medios de comunicación, la producción cultural y todos los servicios personales tienen también unas características idóneas para la iniciativa privada, sin desdeñar el cooperativismo. Puedo poner el ejemplo de Lavinia, la cooperativa de médicos propietaria de Asisa y la cadena de clínicas HLA.

La regulación:

No pienso que deba haber ningún sector desregulado o con regulaciones corruptas e influidas por grupos de presión. Es completamente falso que la regulación inhiba la actividad económica. Lo único que puede inhibir realmente la actividad económica a largo plazo es el aumento del nivel de ahorro del ciudadano, y eso de momento sólo ocurrirá por un cambio en su mentalidad. Ese cambio está actualmente muy lejos de ocurrir.

La regulación debe marcar límites, poner un marco, y debe también orientar la actividad económica a futuro. Las regulaciones laxas y negligentes son una herencia liberal que no tiene ya sentido. Todo sector económico debe trabajar por la salud del consumidor y la mejora de la ecología con un nivel de precios justo y desde la honestidad. Todo lo que no cumpla esos principios debe ser regulado sin ninguna contemplación. Los negocios que a largo plazo sólo causan problemas se cancelan, y si el ciudadano dispone de un excedente de renta algo mayor a final de mes, ya encontrará un lugar donde emplearlo. El exceso de ahorro no ha sido nunca un problema económico, mientras que el parasitismo que una parte de la empresa privada hace de nuestros recursos sí que lo es.

Conclusión:

Las políticas neoliberales y las presiones de las oligarquías han creado en el mundo occidental la idea de que el estado es un productor ineficiente y rígido que produce empleo parasitario. Mi opinión es que el estado puede producir mucho más de lo que produce en la mayoría de sectores importantes y estratégicos, mientras que la empresa privada tiende más al parasitismo y la ineficiencia por sus actividades comerciales y publicitarias y su intrínseca deshonestidad y falta de valores. Reconozco también que existen ciertos sectores con un componente emocional o creativo en los que el estado debe limitarse a regular, pero todas las actividades que requieran de una fuerte inversión de capital a largo plazo y se orienten a necesidades ciertas y permanentes son susceptibles de estatalizarse. Las actividades basadas únicamente en la cualificación individual de los trabajadores funcionan también mejor en forma de servicios públicos o mediante el cooperativismo.

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© A. Noguera