Supongo que ya conocéis que los problemas de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana con sus docentes han llevado a una huelga indefinida que está teniendo un seguimiento masivo. Yo estoy secundando esa huelga desde el primer día, pero he debido acudir al centro obligado por el decreto de servicios mínimos. Los que estaban allí eran puramente los servicios mínimos, muchos de ellos con camisetas y cartelitos propios de la huelga. En la CV hay un "maestrazo" histórico, y os voy a explicar, desde mi perspectiva, el motivo.
Ya expliqué en un artículo anterior la devaluación salarial que venimos arrastrando, agravada por la nueva burbuja inmobiliaria en las zonas de costa y los alquileres vacacionales. No pagan ni siquiera las pagas extra al completo, como es su obligación según el EBEP. Hay una parte del profesorado que siempre acaba cayendo en el tópico monjil de que el dinero no nos interesa, que lo importante es la mejora del servicio... El dinero sí que importa, y la mejora del servicio empieza por ahí. Los estudiantes que ahora van a acudir a las PAU deben ver buenas condiciones de trabajo en los profesores para apuntarse a los grados que van a dar una salida en la docencia, porque de lo contrario se quedarán las plazas de oposición desiertas o llenas de personas poco inteligentes. Por eso, el primer criterio para tener buenos profesores es pagarles bien. No queremos que nos suban el salario, sólo pedimos que no nos lo bajen.
Lo que sospechamos algunos profesores es que hay administraciones que, en lugar de gestionar sus servicios de la mejor manera posible, piensan en favorecer al sector privado degradando la parte pública. Esto ha ocurrido de manera muy clara en la sanidad y pienso que se pretende hacer también en la educación.
A partir de ahí, hay más cosas de las que hablar, ahora que ya nos estamos sincerando.
Yo imparto Lengua Castellana a tres grupos de la ESO y tres de Bachillerato. En total, tengo 170 alumnos, con sus respectivos exámenes. Una media de 30 alumnos por clase en el Bachillerato permite impartir la lección pero dar muy poca atención personalizada. En la ESO, esa impartición de la clase se deteriora mucho a partir de 25 alumnos. Por tanto, el crecimiento demográfico que está experimentando la Comunidad Valenciana ha significado la llegada durante este curso de 28.000 nuevos alumnos, pero no se ha traducido ni en el incremento suficiente de plantillas ni en la construcción de nuevos institutos. Sí que se ha traducido en un récord absoluto de ingresos fiscales, un +16,62% interanual según las delegaciones de Hacienda.
Esas ratios crecientes no han afectado a los centros privados ni concertados, porque todo el flujo de alumnos sobrevenidos se ha incorporado a los centros públicos.
Aparte de esto, hay cosas que demuestran poco interés en nuestras condiciones de trabajo. Que el aire acondicionado se considere un lujo y se tenga que estar dentro de las aulas a más de 30 grados es también bastante indignante. Se saltan directamente el Real Decreto 486/1997, que establece un máximo de 27º de temperatura ambiental para los trabajos sedentarios. Ni siquiera ponen termómetros. El alumnado muchas veces se siente incapaz de mantener la atención, porque está ya estresado o cansado. Las aulas en muchos casos no tienen aislamiento térmico adecuado ni un parasol, lo que obliga a bajar las persianas y aumenta el efecto invernadero. Esto se lo venimos diciendo desde hace una década y les da totalmente igual.
El otro problema perentorio son las agresiones. Hay insultos, lanzamiento de objetos, empujones, amenazas, los padres vienen rabiando, mintiendo, manipulando, se nos obliga a reunirnos con ellos para soportar improperios... Hace un año hubo un alumno de Bachillerato que en el aula se levantó y me estuvo insultando. Cuando comprobé que era mayor de edad, fui a la comisaría de la Policía Nacional para ponerle una denuncia. Lo primero que me dijeron fue que no podía denunciar porque el alumno era menor, pero no era menor, luego que el delito de injurias sólo se perseguía a instancia de parte (con un juicio, pagando yo un abogado), pero les recordé que era autoridad pública y debían actuar, luego dijeron que tomarían la denuncia pero que la diese por desestimada, y así fue. ¿Dónde está mi condición de autoridad pública? ¿Puedo ir yo al despacho de un juez a insultarle y pegarle gritos impunemente? No somos ninguna autoridad, no se cumplen los principios de protección de nuestra figura. Algunos padres aparecen ya pidiendo una reunión pero con estrategias de tortura psicológica para afectar a tu tranquilidad y condicionarte, y esto me ha ocurrido en los últimos años dos veces con dos padres que eran a su vez profesores destinados en otros centros.
Otra cosa que suele ocurrir todos los años son las denuncias anónimas. Llega una reclamación y lo primero que dice es: "Exijo total anonimato", y me enseñan el escrito con el nombre borrado. Entonces, me piden que responda a toda una serie de mentiras, insultos e infundios y de ello se levanta acta. Pido la identidad de la reclamante a la inspección educativa y me responden que no la van a dar porque no hay ningún procedimiento abierto, que si me abren expediente ya la sabré. Pero sí que se ha levantado acta y he debido responder de todo. Entonces, lo que se hace es un "expediente antes del expediente" para dejar a ese profesor en la indefensión y sin saber de dónde vienen los ataques. La gente puede reclamar en un servicio público, pero tiene que hacerse responsable de lo que dice, no se puede ir con denuncias falsas. La identidad de quien me injuria y calumnia yo la tengo que saber, porque tengo que iniciar las acciones judiciales oportunas.
Otro ejemplo que os pongo son los móviles. Hace dos años, la Conselleria emitió una resolución que prohibía el uso de los móviles en los centros educativos, y obligaba a los profesores a retirarlos. Yo he retirado en este tiempo varias decenas, casi todos ellos en uso en escaleras y pasillos, pero el alumnado sigue acudiendo a los centros con el móvil en el bolsillo. ¿Dónde está la sanción económica para los verdaderos responsables de que ese menor tenga móvil y lo lleve al centro? No se hace nada, y se nos deja una tarea ingrata y al final inocua. Lo que está ocurriendo es que muchos profesores ya hacen como que no ven nada.
Y luego está el tema tan comentado de la burocracia. Existen cosas que la gente no entiende, como que se les obligue a hacer una programación de aula por cada grupo al que imparten clase repitiendo casi lo mismo en todas ellas y obligando a hacer una planificación sesión por sesión. Esa planificación luego nunca se puede cumplir, y los profesores la ven como un trabajo burocrático estéril. Luego hay también que hacer unas evaluaciones diagnósticas en cada evaluación, que consisten en una especie de encuesta al alumno y otra encuesta a ti mismo.
En la práctica, la mayor parte de los inspectores incentivan la programación en bloque para todo el departamento, dejando las programaciones de aula casi sin contenido real. La programación de aula, que se regula en la LOMLOE, en lugar de ser una oportunidad para la innovación y para adaptarse a las características de cada grupo y las situaciones que van surgiendo, se usa sólo como un instrumento de fiscalización y control. No han sancionado nunca a nadie por ir presionando a los compañeros para que hagan lo mismo que ellos, y a mí sí que me ha recomendado la inspección dos veces no salirme del grupo porque "el grupo protege" o "si tú llegas a un acuerdo"...
Para que os hagáis una idea del siglo en el que vive la educación pública actualmente, todavía se realizan las evaluaciones presenciales, con "canto" de notas y tertulia alumno por alumno. Cuando todas las notas ya se ponen por una web centralizada, incluyendo el informe alumno por alumno, todavía hay que volverse a desplazar desde casa por la tarde para reunirse y estar allí 50 minutos por cada grupo dando explicaciones orales y firmando el papel de asistencia antes de marcharse. Y no es que las reuniones sean seguidas, tienes a veces un hueco de dos horas entre ellas. En total, solemos emplear tres tardes por trimestre en esta liturgia. Luego, pasada una semana, hay que ir a firmar las actas de manera física, no se usa la firma electrónica de ningún tipo. En un día de julio, hay que volver a desplazarse, entrar en el centro, firmar y salir.
No hablo de los claustros también presenciales, que duran hora y media, y de las reuniones previas a arrancar el curso, aparte de la evaluación inicial, en la que no se pone ni nota. Todo esto es presencial.
Y hay también que añadir el tema del MUFACE. No es que esto sea una responsabilidad de la Conselleria, pero ha producido también bastante malestar. Hicieron un circo el año pasado racaneando hasta el último céntimo, con la idea de pagar lo mínimo. Antes del acuerdo, estaban pagando por nosotros prácticamente la mitad por cada mutualista que el gasto que hace la Seguridad Social por ciudadano. Ahora, con el "subidón" de este nuevo acuerdo, siguen pagando 1.400€ por mutualista, por los 1.900€ que ya se gasta la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana. Ahora lo que hace Asisa es ponernos al final en las citas, después de sus asegurados, y lo que es un cuadro médico ya recortado ni siquiera se cumple porque no dan citas salvo en los centros con "sobrantes" y los especialistas menos demandados.
Entonces, para que tengáis claros los motivos de la huelga, tenéis que saber que lo que hay es:
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Bajadas de salarios con respecto a la inflación que duran ya casi dos décadas.
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Incumplimiento del EBEP en la remuneración de las pagas extra.
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Degradación abierta y clara del servicio.
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Incumplimiento de la normativa vigente de seguridad laboral en cuanto a condiciones en las aulas.
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Desprotección frente a agresiones y actitudes abusivas de algunos usuarios.
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Normas e instrucciones prácticamente imposibles de cumplir y sin respaldo sancionador.
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Burocracia sin utilidad, interpretación de la normativa básica sólo en lo que facilita el control y la homogeneidad.
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Falta absoluta de cualquier plan de conciliación, de virtualización o de cualquier medida que evite el presentismo decimonónico.
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Enfado colectivo ya anterior por cómo el gobierno central ha gestionado nuestro seguro sanitario.
De modo que la huelga va a seguir, y aun en caso de que la gente quede exhausta económicamente y se reincorpore a su puesto, eso no solucionará el malestar.